El delegado de la Sedesol Oswaldo Castañeda Barrera, manifestó que urge se legisle, y se tenga una ley que determine donde no se debe construir, y se castigue penalmente a quienes vendan áreas protegidas, federales o de alto riesgo para las familias.
Reiteró que las distintas instancias de gobierno deben analizar la situación antes de otorgar los permisos para construir unidades habitacionales, ya que en ocasiones no hay servicios como el agua potable, o se agrava para los vecinos ya asentados, o son espacios de riesgo.
Manifestó que se necesita actuar y tener una ley, que permita a los cabildos de los distintos ayuntamientos y otras dependencias involucradas, no autorizar asentamientos en zonas de riesgo, y se debe respetar el “Atlas de Riesgos”, que deben tener diversas dependencias; al mismo tiempo incorporar criterios de adaptación al cambio climático de los programas de Ordenamiento Ecológico Territorial.
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